En ciertos países escolarizar en casa es una opción legal; en otros está prohibido. En España la legislación no contempla esta posibilidad pero tampoco la tipifica como delito explícitamente. Es el resquicio al que se agarran algunas familias cuando se enfrentan a la justicia si ésta llama a su puerta en forma de carta certificada con una exigencia de escolarización, y de no producirse, con una citación como imputados por la comisión de un delito de “desatención”. Hay quienes buscan un reconocimiento legal porque defienden que no están privando del derecho a la educación a sus hijos, sino satisfaciéndolo de una forma diferente. Para otros, regularlo no es una opción porque les pondrían condiciones que no desearían acatar. Quienes no conciben esta posibilidad, tienen miedo a que haya familias que eduquen en ideas intolerantes o violentas o que por desidia no les atiendan correctamente.
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“La educación en casa debe estar regulada por una ley”. El defensor del pueblo vasco explica que lo que está en juego es algo muy importante y que “es un tema incómodo para todo el mundo. Hoy por hoy el Gobierno ha hecho mutis por el foro, ningún grupo parlamentario ha presentado un anteproyecto de ley y no hay masa crítica suficiente para plantear una Iniciativa Legal Legislativa Popular”. De haber una ley, establecería límites porque “debe haber unos contenidos en conocimientos y valores que deben darse porque los niños sin escolarizar no pueden tener menos oportunidades que los escolarizar no pueden tener menos oportunidades que los escolarizados y porque los niños no son propiedad de nadie, ni de sus padres”.
“Existe una responsabilidad social del estado para controlar la educación en casa porque todos esos niños son miembros de esta sociedad y cuando cumplan 18 años van a salir fuera. Las familias que educan en casa dicen que sus hijos son maravillosos. Eso yo lo sé, tú lo sabes ¿pero cómo lo sabe el estado?” reflexiona la jurista. Para dar una explicación a la complejidad de plantear una regularización. “Ahora lo que se sigue es un procedimiento disuasorio y se castiga a algunas familias cada año, colocando una espada de Damocles sobre la gente que provoca que tengan miedo y no lo hagan”. Además, es también un tema económico, apunto: “Una supuesta regularización exigiría más medios, concretamente más inspectores y eso es muy costoso. A medida que avanzas en el proceso vas haciendo enemigos”.
Para los principales interesados, existen muchos claroscuros relativos a este tema: “La regularización la veo sospechosa, aunque la exigimos por justicia social y equidad”, reclama una de las madres. “No quiero regularme porque tendría que someterme a un control social en el que no creo. No forma parte de la manera en que quiero educar a mi hija”. Hay quienes están ansiosos por recibir un reconocimiento en la ley: “Nos encantaría que lo legalizaran y que hacer escuelas libres fuera más fácil porque si existieran, otras opciones las pensaríamos mejor y con más tranquilidad”. Y otros, asumen los riesgos y las necesidades que exige su situación: “Favorecer un desarrollo equilibrado en casa es muy difícil. Entiendo que existan inquietudes razonables y tiene que haber cierto control porque hay gente que está chalada. Pero yo no quiero una regularización que incorpore unos contenidos determinados ni exigencias académicas. Es muy complicado regularizar esto”.
